EL “PAPELUCHO” DE LA DISCORDIA EN CASO PAPAGAYO es OBJETO DE INVESTIGACIÓN PENAL CONTRA DIRECTOR DEL PROYECTO DEL ICT Y PROCURADOR AGRARIO.

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El abogado Frank Paniagua Mendoza quien  increpó a jueces en la audiencia contencioso-administrativa del día 21 de Enero recién pasado, cuyo video circuló en forma viral en redes sociales causando  tanto revuelo, explica a este Diario que no entiende la razón que tuvieron los jueces del Tribunal de Apelaciones LAURA GARCÍA CARBALLO, CARLOS ESPINOZA SALAS Y ANA ISABEL VARGAS VARGAS, para dejarlo con la palabra en la boca, levantarse de sus asientos y alejarse de la sala. Nos explica el jurista que él estaba aludiendo un “papelucho” de tres líneas que redactó el Director del Proyecto Polo Turístico de Papagayo, Henry Wong Carranza, y usado por el Procurador Víctor Bulgarelli,   para demostrar que el Estado de Costa Rica es el propietario de la Hacienda Palmares que reclama el Sucesorio de su padre; documento que está siendo investigado en la vía penal en la Fiscalía de Liberia.
“Por qué se dieron por aludidos los jueces?” -se pregunta el Licenciado Paniagua.  Buena pregunta, replicó el servidor de este Diario. Pues el abogado continuó explicando. “El JUZGADO PENAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (LIBERIA), al ser las trece horas y trece minutos del diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, ordenó investigar -hace ya seis meses- la falsedad de este “papelucho”, otorgando al Fiscal cinco días hábiles para buscar las pruebas que demuestren si es verdadero o falso, sea, que el ICT certifique el  expediente expropiatorio y el decreto de expropiación del que habla Wong en su oficio dirigido a la Licda. Natalia Aguilar Porras, abogada de la Procuraduría General de la República el día 26 de junio de 2017, justo cuando inició el proceso de reivindicación de la finca de 311 hectáreas propiedad de mi padre. El juzgado también ordenó entrevistar a la viuda de Manuel Jirón García, doña Miriam Arata, y no se ha hecho aún”.
“La Fiscalía de Liberia engavetó el caso, hizo caso omiso y otro juez penal ordenó una audiencia preliminar para conocer la querella de mi familia y el sobreseimiento pedido por el Fiscal Luis Alberto Ruiz, a quien también se le sigue causa penal por incumplimiento de deberes. Otra jueza penal llegó y dictó nuevamente la resolución que ordena las probanzas y hasta el día hoy tampoco el Ministerio Público ha cumplido con sus obligaciones ordenadas por la Jueza Penal Licda. Marcela Rodríguez Chinchilla”.
“De allí que PAPAGAYO sigue un camino dependiendo si llega un juez objetivo o no;  el cual súbitamente es sustituido por otro y así sucesivamente en un historia sin fin. Es pavoroso”, puntualizó Paniagua.
He aquí la investigación penal ordenada en este asunto que tanto molestó a los jueces contenciosos :
“EXPEDIENTE: 18-000600-0396-PE
CONTRA: HENRY WONG CARRANZA y otro
OFENDIDO/A: ALBA ANTONIA MENDOZA MENDOZA
DELITO: Uso de Falso Documento
SE RESUELVE GESTIÓN:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA SOLICITUD.-
JUZGADO PENAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (LIBERIA), al
ser las trece horas y trece minutos del diecisiete de julio del año dos mil dieciocho.-
Dentro de la causa penal No. 18-000600-0396-PE seguida contra HENRY WONG
CARRANZA y VICTOR BULGARELLI por el posible delito de USO DE DOCUMENTO
FALSO en perjuicio de SUCESORIO DE MANUEL PANIAGUA RODRÍGUEZ.
Interviene el Lic. Frank Paniagua Mendoza, defensor particular de la parte ofendida, y,
RESULTANDO:
I. Mediante escrito visible de folio 39 a 43 del legajo de investigación, la señora ALBA
MENDOZA MENDOZA, en su condición de ALBACEA del sucesorio de MANUEL
PANIAGUA RODRÍGUEZ, interpone formal PROTESTA CONTRA EL MINISTERIO
PÚBLICO y solicita a este despacho judicial PRUEBA DOCUMENTAL, fundamentando
su gestión en los siguientes argumentos: 1) Manifiesta que el Ministerio Público a incurrido
en una serie de errores, omisiones o retrasos en la presente investigación, siendo así que el Lic.
José Alberto Ruiz Morales no investigó el delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA, en razón del
documento que fue utilizado en perjuicio de la sucesión que representa y el uso que le dio el
procurador VICTOR FELIPE BULGARRELLI CESPEDES. Aduce que, en su lugar el
Ministerio Público, ha pedido irresponsablemente un sobreseimiento definitivo, justificando al
imputado-querellado HENRY PAUL WONG CARRANZA, de haber emitido un documento
falso, y llegando a determinar que WONG CARRANZA tiene poco tiempo de ocupar el cargo;
por el contrario, según el dicho de la gestionante, el imputado WONG CARRANZA, actuando
como Director del Departamento Polo Turístico Golfo Papagayo del Instituto Costarricense de
Turismo, insertó información falsa en un documento, lo que después vendría a causar un
perjuicio al sucesorio en donde es albacea, a saber, que es falso que existió un proceso
expropiatorio contra la GANADERÍA BAHÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, sobre una hacienda de
311 hectáreas, y que sería adquirida a poder del Instituto Costarricense de Turismo.- Aduce
también, que el citado documento, fue utilizado en el Proceso Agrario No. 17-000065-0387-AG,
para pretender demostrar que el Estado es dueño de la hacienda ventilada dentro del proceso
sucesorio de Manuel Paniagua Rodríguez, siendo falso. 2).- En razón de lo anterior solicita la
siguiente prueba documental certificada que se encuentra en poder de la Gerencia o
Departamento Legal del Instituto Costarricense de Turismo, a saber: A) Si existe algún proceso
expropiatorio a la Empresa Ganadera Bahía Sociedad Anónima, con relación a unos terrenos
ubicados en el Proyecto Papagayo, específicamente los terrenos a los que hace mención la
inscripción registral en el Registro de Concesiones del Instituto Costarricense de Turismo,
partido de Guanacaste No. 2625-Z-000. B) Si existe tal proceso expropiatorio, cuál es número de expediente y el Juzgado en que se tramitó, así como el correspondiente decreto de utilidad pública hecha por ley de la República, cuanto se pagó por el terreno al expropiado, el número de
plano y documento probatorio presentados por él expropiado para invocar pago alguno por parte
del Estado en dicho proceso expropiatorio. C) En caso que no exista proceso expropiatorio sino compra directa de los terrenos dados en la concesión 2625-Z-000, a quién compraron, copia de la escritura y plano telegráfico .-
II. Mediante escrito visible de folio 44 a 47 del legajo de investigación, la señora ALBA
MENDOZA MENDOZA, en su condición de ALBACEA del sucesorio de MANUEL
PANIAGUA RODRÍGUEZ, solicita CON URGENCIA a este despacho judicial se reciba
el ANTICIPO JURISDICCIONAL DE PRUEBA, de la adulta mayor Miriam Arata Salazar,
con fundamento en lo siguiente: 1).- Que la señora es una adulta mayor, que cuenta con la edad de 86 años, persona valetudinaria bajo control médico de todo tipo, por lo que por está cuestión es necesario realizar esta diligencia en su casa de habitación. Que dicha testimonio será tomado con calidad de urgencia y únicamente bajo supervisión médica y psiquiátrica, incluso,con la presencia de un medico forense del Poder Judicial, que certifique el Estado de conciencia y conocimiento de la testigo. 2) Considera la gestionante que dicho testimonio, es indispensable por cuanto la señora MIRIAM ARATA SALAZAR: ‘estuvo presente en la venta de la Hacienda a su esposo Manuel Paniagua y que sabe que poseyó la finca hasta el día de su muerte,siendo que el esposo de doña Miriam fue socio del señor Federico Apestegui Sobrado, quien también representaba a la Culebra Limitada y fue quien vendió los derechos posesorios a Don Manuel Paniagua; también dirá que sabe que como dueños ella y su esposo Manuel Jirón García
(que Dios goce) nunca le vendieron finca alguna de Álvaro Arias Villalobos o a Empresa alguna representada por él, aproximadamente 100.000 hectáreas, quien fue vendida a Manual Paniagua Rodríguez. Que ella compareció ante Notario Público a hacer cesión de derechos de información posesoria que ella promovía ante el Juzgado Civil de Liberia en el año 1963. Que nunca ha oído hablar de la empresa Ganadera Bahía Sociedad Anónima.-
CONSIDERANDO:
I. SE ACOGE PARCIALMENTE LA GESTIÓN. Con la promulgación del nuevo Código
Procesal Penal de 1996 que entrara en vigencia el primero de enero de 1998, nuestro
ordenamiento procesal vario, de la aplicación de un sistema mixto (inquisitivo y
acusatorio) a un sistema fundamentalmente acusatorio, donde el Ministerio Público
asume el control de la investigación de los delitos, bajo la supervisión, durante el
procedimiento preparatorio, de un Juez de garantías en los casos que así lo requieran
según se desprende así del numeral 62 del Código de rito. A criterio de esta autoridad,
la normativa procesal penal delimitadas las funciones tanto del fiscal auxiliar como las
del Juez de Garantías, para el caso en concreto, en aras de evitar errores, omisiones o
retrasos injustificados, tenemos entonces que el señor fiscal, el Lic. Luis Alberto Ruiz
Morales, le corresponde, dentro de sus deberes como funcionario público, realizar una
investigación integralizada con los hechos que se denuncian, así como los elementos de
convicción que ingresa al proceso, sea porque son recolectados por la Policía Judicial, o
bien porque las partes proponen los medios de prueba que deberían ingresar al proceso;
esto, para efectos de la averiguación de la verdad real de los hechos. La función del ente
acusador, debe observar, atender y aplicar el principio de objetividad, que implica, no
sólo delimitar sus funciones a solamente recabar prueba que comprometa a los
imputados, sino elementos de prueba que también los beneficien, no obviado ninguna
propuesta de las demás partes, ya que se estaría incurriendo en una afectación directa al
Debido Proceso y al Principio de Defensa consagrado en el artículo 12 del Código
Procesal Penal. En ese sentido, visto el expediente principal, vemos que la presente
causa se encuentra en investigación preparatoria (artículo 62 CPP), y con una solicitud
de sobreseimiento definitivo, que no ha sido conocida por esta autoridad, más sin
embargo, dentro de esta etapa el fiscal auxiliar puede realizar todos los actos de
investigación que no requieran autorización jurisdiccional, como realizar inspecciones
(artículo 185-186 CPP), levantar actas (artículos 136-138 CPP), dirigir la policía judicial
(artículos 67 – 69 y 283 CPP), ordenar la aprehensión de personas, ordenar
reconocimientos (artículo 227 CPP), inspecciones corporales, requisas, registros y
decomiso de objetos instrumentos del delito entre otras funciones (artículos 188, 189,
198 CPP), devolución de objetos secuestrados (artículo 200 CPP) por estar expresamente
autorizado y por no requerirse la autorización jurisdiccional. Por ende, no es excusa
para este juzgador la inercia, o desinterés o desapego del Ministerio Público, para con
las resultas de este proceso, pues cuenta con todo un equipo interdisciplinario para
llevar a flote una investigación penal, máxime que el legislador le concedió el
monopolio de la etapa preparatoria, y de la investigación. Efectivamente, al señor fiscal
auxiliar, le ha faltado asumir con objetividad dicha causa penal, y al respecto no ha
brindado ninguna justificación de su inactividad, principalmente, cuando ha existido
gestiones de la parte ofendida que no ha sido atendidas, ni tramitadas, al punto que ha
obligado a la gestionante tener que acudir al Juez de Garantía para que reconozca y
consagre los derechos y garantías procesales que le asisten con su derecho de acción.
Por todo lo dicho, en atención a las limitaciones legales que se establece en el párrafo
final del artículo 277 del Código Procesal Penal, se le concede al Ministerio Público un
plazo de 5 DÍAS, para que gestione ante el Instituto Costarricense de Turismo, la prueba
que ha sido solicitada por la parte ofendida, a saber: A) Si existe algún proceso
expropiatorio a la Empresa Ganadera Bahía Sociedad Anónima, con relación a unos terrenos
ubicados en el Proyecto Papagayo, específicamente los terrenos a los que hace mención la
inscripción registral en el Registro de Concesiones del Instituto Costarricense de Turismo,
partido de Guanacaste No. 2625-Z-000. B) Si existe tal proceso expropiatorio, cuál es número
de expediente y el Juzgado en que se tramitó, así como el correspondiente decreto de utilidad
pública hecha por ley de la República, cuanto se pagó por el terreno al expropiado, el número de
plano y documento probatorio presentados por él expropiado para invocar pago alguno por parte
del Estado en dicho proceso expropiatorio. C) En caso que no exista proceso expropiatorio sino
compra directa de los terrenos dados en la concesión 2625-Z-000, a quién compraron, copia de la
escritura y plano telegráfico.- Recolectados, estos elementos de pruebas, se le exige al
representante del Ministerio Público, que los valore conforme a la sana critica racional,
para efectos de gestionar lo que en derecho corresponda, y hacerlo saber a la mayor
brevedad posible a este despacho judicial.
II. CON RESPECTO AL ANTICIPO JURISDICCIONAL DE PRUEBA: De previo a
recibir el testimonio anticipado de la señora (adulta mayor), Miriam Arata Salazar,
portadora de la cédula de identidad No. 9-0041-0089, a criterio de esta autoridad, y por
considerar que se trata de un testimonio esencial en este proceso, en atención a las
reglas de objetividad, de previo, se le ordena al MINISTERIO PÚBLICO que dentro del
plazo de 5 DÍAS, deberá gestionar ante el Departamento de Medicatura Forense, una
valoración mental y psiquiátrica de la señora Miriam Arata Salazar, para efectos de
determinar su estado psíquico y psicológico, y si la misma se encuentra con la lucidez
necesaria para rendir un testimonio en los términos que han sido solicitado por la parte
gestionante. Dependiendo de la valoración medico-legal, se le ordena al Ministerio
Público de forma inmediata, realizar la gestión pertinente ante este despacho judicial,
solicite lo que en derecho corresponda, debiendo informarlo de forma inmediata a este
despacho judicial.
POR TANTO:
Con fundamento el articulo 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 7175, 101,
142, 180, 181, 182, 183, 184, 274m 276, 277, 289, 293 del Código Procesal Penal, se
ordena al MINISTERIO PÚBLICO cumplir con lo ordenado por esta autoridad, y el
plazo establecido, ello en atención a los principio del Debido Proceso y el Derecho de
Defensa que le asiste a las partes. NOTIFÍQUESE.- LIC. EDUARDO MARTÍN
BRICEÑO CRUZ.- JUEZ PENAL.- EBRICENOC. Etapa Preparatoria. EBRICENOC
Diario Digital El Independiente,Edgar Canton.

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