DENUNCIA PÚBLICA AL EX MINISTRO DE TURISMO MAURICIO VENTURA ARAGÓN…

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Señora
EMILIA NAVAS APARICIO
FISCALA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DENUNCIO públicamente a MAURICIO VENTURA ARAGÓN, EX MINISTRO DE TURISMO, por un posible delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS dado que su primo, el Li.c LUIS MANUEL CASTRO VENTURA es el PRESIDENTE del BUFETE DE ABOGADOS BLP ABOGADOS, CÉDULA JURÍDICA NÚMERO 3-101-587195; que es la oficina en donde se realizan todos los negocios PAPAGAYO, desde concesiones, subconcesiones y venta de acciones de empresas de papel.
CUADRICULARON en lotes la hacienda que nos robó el ESTADO y se la entregaron a RODOLFO JIMÉNEZ BORBÓN, Presidente de una subsidiaria de GRUPO FIFCO. Desde entonces, han desarrollado la hacienda de 525 hectáreas con fondos públicos para desarrollar negocios privados.
EL ICT fue tomado por esa familia de empresas, dentro de las cuales están ECODESARROLLO PAPAGAYO, LIMITADA; NORTH PENINSULA HOLDING NPH, S.A. (CREO QUE HOY ES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) y GRUPO ISTMO PAPAGAYO, S.A. (O SRL).
Son cientos de empresas, las cuales cambian sus juntas directivas una vez que ya tienen un cliente comprador de una CONCESION PREVIAMENTE PREFABRICADA. ES decir, las concesiones o subconcesiones ya existen a nombre de empresas de papel. Venden las acciones y se pagan en el Extranjero. Lo único que queda en COSTA RICA es el cambio de JUNTA DIRECTIVA hechos por NOTARIOS DE BLP ABOGADOS. TODOS estos negocios y actos jurídicos para efectos fiscales se valoran en cien mil colones, promoviéndose así la evasión fiscal.
RESULTA que es bufete se encarga de todos los negocios, en conjunto con el bufete PACHECO COTO, y ARNOLDO LÓPEZ ECHANDI. También dan la asesoría para defender a las concesionarias de demandas de reivindicación, para garantizarle al ICT el robo de la hacienda.
EL ROBO y el fraude se consolida hoy con ayuda de jueces y fiscales del PODER JUDICIAL, asegurando al estado y al ict y a las concesionarias un trato favorable, en violación de todas las leyes aplicables al caso concreto; desde no anotar la demanda reivindicatoria en los asientos de las fincas en el Registro de Concesiones del ICT, hasta avalar poderes ilegales otorgados por junta de accionistas o cuotistas en abierta violación de Ley. 
Diario Digital El Independiente. Edgar Cantón

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