Viuda de Paniagua querella fiscal Luis Alberto Ruiz Morales por incumplimiento de deberes…

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DIARIO DIGITAL EL INDEPENDIENTE HA TENIDO A LA VISTA LA QUERELLA QUE DOÑA ALBA MENDOZA MENDOZA PRESENTARÁ EL DÍA DE HOY A LA FISCALÍA DE LIBERIA, contra el Fiscal LUIS ALBERTO RUIZ MORALES,  la cual dice así:

Incumplimiento de deberes. ARTÍCULO 332.- Será  reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá  al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo.”(Así reformado por Ley N° 8056 del 21 de diciembre del 2000) (Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 330 al 332)

Fiscalía de Liberia: La suscrita, ALBA MENDOZA MENDOZA, …actuando en mi condición de ALBACEA DEL SUCESORIO DE MANUEL PANIAGUA RODRÍGUEZ,…;  personería que demuestro con la certificación que adjunto; atenta manifiesto:

VENGO A INTERPONER QUERELLA por el delito de acción pública de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES   tipificado y sancionado en el artículo   332 del CÓDIGO PENAL; cometido por el querellado que se dirá; querella que   fundamento en lo siguiente:

I.- IDENTIFICACIÓN DEL QUERELLADO: LUIS ALBERTO RUIZ MORALES, mayor, soltero, abogado en función de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía de Liberia, vecino de Moracia de Liberia, portador de la cédula de identidad número 5-356-723.

II.- RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO PUNIBLE QUE SE ATRIBUYE A LOS QUERELLADOS.

1.- En la condición en la que aquí comparezco presenté denuncia por  la posible comisión del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA contra Henry Wong Carranza, director del Departamento Proyecto Polo  Turístico Golfo de Papagayo, del Instituto Costarricense de Seguro Social; causa que se tramita en esta Fiscalía bajo el expediente número 18-603-396-PE.

2.- En la condición en la que aquí comparezco presenté denuncia por  la posible comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO  contra VÍCTOR BULGARELLI CÉSPEDES, Procurador Agrario, causa que se tramita en esta Fiscalía bajo el expediente número 18-600-396-PE.-

3.- El querellado LUIS ALBERTO RUIZ MORALES  era el fiscal a cargo de las investigaciones en contra de los funcionarios públicos Wong Carranza y Bulgarelli Céspedes, en ambas causas judiciales expuestas en los hechos uno y dos anteriores.

4.-  El querellado LUIS ALBERTO RUIZ MORALES, incumpliendo sus deberes de investigación con objetividad, en lugar de investigar las delincuencias denunciadas (hoy querelladas), solicitó al Juez penal de Liberia el SOBRESEIMIENTO DE LOS DENUNCIADOS, sin siquiera evacuar la pruebas ofrecidas en su contra ni indagarlos, obviando toda la prueba propuesta por mí en ambos procesos; tales como testimonios y prueba documental acerca de la veracidad o no, existencia o no, de proceso expropiatorio de GANADERA BAHÍA, S.A. sobre la finca objeto de la concesión 2526Z-000, la cual es objeto de disputa en el proceso ordinario de reivindicación de finca, tramitado bajo el expediente número 17-000065-387-AG; iniciado en el Juzgado Agrario de Liberia, pero continuado hoy en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, Goicoechea.

5.- La causa penal que desatendió el fiscal querellado contra los funcionarios Henry Wong Carranza  y Víctor Bulgarelli, lo era relacionado con un documento con información falsa que haría el primero, para luego ser usada por el segundo en el juzgado Agrario de Liberia dentro del expediente ordinario agrario No. 17-000065-387-AGB. El delito de falsedad ideológica atribuido al funcionario WONG CARRAZA consistía en que  falsamente HIZO constar, en un documento tendiente a demostrar la adquisición por Parte del  ICT del   inmueble inscrito bajo la matrícula 2526-Z-000 del Partido de Guanacaste (concesionado a NORTH PENÍNSULA HOLDING (NPH), SOCIEDAD ANÓNIMA) fue adquirido por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO “MEDIANTE PROCESO DE EXPROPIACIÓN A LA COMPAÑÍA GANADERA BAHÍA, S.A.”.  Esta falsa afirmación la hizo en oficio dirigido a la Licenciada Natalia Aguilar Porras, abogada de la Procuraduría General de la República en fecha 26 de junio de 2017. El oficio LLEVA EL NÚMERO PGP-457-2017, e indica:

“23/06/2017

PGP- 457-2017

Licenciada

Natalia Aguilar Porras

Abogada de Procuraduría General de la República

Asunto: Respuesta oficio Procuraduría AAA-607-2017

Estimada Licenciada:

En respuesta a su oficio AAA-607-2007 presentado ante esta Dirección Ejecutiva el 13 de junio de 2017, me permito indicarle lo siguiente:

Que el inmueble inscrito bajo matrícula 00002526-Z-000 del partido de Guanacaste hoy día concesionado a la empresa North Península Holdings (NPH) Sociedad Anónima, fue adquirido por el Instituto Costarricense de Turismo mediante proceso de expropiación a la Compañía Ganadera Bahía S.A.

Atentamente,

Ing. Henr y Wong Carranza

Director Ejecutivo

Polo Turístico Golfo Papagayo”,

6.- Formulada que fue la protesta  respectiva contra el querellado ante el juez penal de Liberia, en resolución dictada por el juez Eduardo Briceño, de las 13 horas 13 minutos del 17 de julio de 2018, este Juzgador consideró, efectivamente, que el querellado no había cumplido con sus funciones y deberes de investigación con la probidad y objetividad exigida por Ley. El juez, en esta resolución, indicó lo siguiente:

“A criterio de esta autoridad, la normativa procesal penal delimitadas las funciones tanto del fiscal auxiliar como las del Juez de Garantías, para el caso en concreto, en aras de evitar errores, omisiones o retrasos injustificados, tenemos entonces que el señor fiscal, el Lic. Luis Alberto Ruiz Morales, le corresponde, dentro de sus deberes como funcionario público, realizar una investigación integralizada con los hechos que se denuncian, así como los elementos de convicción que ingresa al proceso, sea porque son recolectados por la Policía Judicial, o bien porque las partes proponen los medios de prueba que deberían ingresar al proceso; esto, para efectos de la averiguación de la verdad real de los hechos. La función del ente acusador, debe observar, atender y aplicar el principio de objetividad, que implica, no sólo delimitar sus funciones a solamente recabar prueba que comprometa a los imputados, sino elementos de prueba que también los beneficien, no obviado ninguna propuesta de las demás partes, ya que se estaría incurriendo en una afectación directa al Debido Proceso y al Principio de Defensa consagrado en el artículo 12 del Código Procesal Penal. En ese sentido, visto el expediente principal, vemos que la presente causa se encuentra en investigación preparatoria (artículo 62 CPP), y con una solicitud de sobreseimiento definitivo, que no ha sido conocida por esta autoridad, más sin embargo, dentro de esta etapa el fiscal auxiliar puede realizar todos los actos de investigación que no requieran autorización jurisdiccional, como realizar inspecciones (artículo 185-186 CPP), levantar actas (artículos 136-138 CPP), dirigir la policía judicial (artículos 67 – 69 y 283 CPP), ordenar la aprehensión de personas, ordenar reconocimientos (artículo 227 CPP), inspecciones corporales, requisas, registros y decomiso de objetos instrumentos del delito entre otras funciones (artículos 188, 189, 198 CPP), devolución de objetos secuestrados (artículo 200 CPP) por estar expresamente autorizado y por no requerirse la autorización jurisdiccional. Por ende, no es excusa para este juzgador la inercia, o desinterés o desapego del Ministerio Público, para con las resultas de este proceso, pues cuenta con todo un equipo interdisciplinario para llevar a flote una investigación penal, máxime que el legislador le concedió el monopolio de la etapa preparatoria, y de la investigación. Efectivamente, al señor fiscal auxiliar, le ha faltado asumir con objetividad dicha causa penal, y al respecto no ha brindado ninguna justificación de su inactividad, principalmente, cuando ha existido gestiones de la parte ofendida que no ha sido atendidas, ni tramitadas, al punto que ha obligado a la gestionante tener que acudir al Juez de Garantía para que reconozca y consagre los derechos y garantías procesales que le asisten con su derecho de acción…”

La viuda de Paniagua nos ha dicho que estará presentando la respectiva acción civil resarcitoria contra el Estado, ICT y poder JUDICIAL, por responsabilidad civil por actos ilegítimos cometidos en contra del Sucesorio de su esposo, pues ha solicitado al Tribunal Contencioso que dicte la prejudicialidad de la causa en esa vía, y tiene la solicitud engavetada, como suele suceder  -nos dijo-. Diario Digital estará al tanto de este caso y seguiremos informando a nuestros lectores.

Diario Digital El Independiente. Edgar Cantón

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