Nuevo gobierno, viejos piñeros…

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Fuente: FECON.

El mandato de Carlos Alvarado Quesada comienza con dos desafíos importantes en materia agroambiental. Uno es reconocer la poca o nula discusión en la campaña electoral sobre la expansión del monocultivo de la piña para evitar un verdadero diálogo nacional sobre este tema. El otro desafío es sacudirse del continuismo de la inacción que deja la administración anterior con respecto al delito ambiental orquestado por el sector piñero.

Estamos pronto de cumplir un año de que Mariana Paniagua y Jorge Castro salieron desde Pavón de los Chiles rubo a Casa Presidencial en San José, una travesía de 180 Kilómetros para denunciar la situación que viven miles de personas campesinas en muchas partes del país: la expansión descontrolada del monocultivo (Fecon, 18-5-2017). Casi al mismo tiempo, el 15 de mayo, una movilización multitudinaria se desplegó en el Centro de San José para solicitar la revocación del permiso otorgado a la empresa Del Monte para la siembra de 500 hectáreas de piña en la inmediaciones del Humedal Terraba-Sierpe y sobre sitios de importancia arqueológica donde se albergan esferas de piedra precolombinas (Semanario Universidad,16-5-2017).

A la llegada de Paniagua y Castro a San José, bajo un fuerte aguacero, su primera acción fue ir directamente hacia Casa Presidencial, dónde el mismo Luis Guillermo Solís le atendió con simulado interés, para que al día siguiente lo volvieran a recibir un grupo de asesores presidenciales -entre ellas Paola Vega, actual diputada- con actitud altanera y con el objetivo de llevar a mal puerto cualquier petición de esta pareja de pequeños ganaderos de los Chiles. Pese a la desidia del gobierno, Castro y Paniagaua le entregaron el 23 de mayo de 2017 al gobierno de Luis Guillermo Solís un pliego petitorio que se tradujo en una serie de acuerdos. Entre los que se encontraban:

Primer acuerdo: “que en muy corto plazo habrá una visita de inspección de alto nivel a varias fincas piñeras en la zona norte. Posteriormente se hará lo mismo en la zona sur y el Caribe.”
Segundo acuerdo: “se dará un seguimiento prioritario a las denuncias presentadas contra fincas que incumplen requisitos ambientales y laborales o que operan sin viabilidad ambiental.”
Tercer acuerdo: “El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) reforzará el apoyo ante los brotes de moscas, procurando cubrir a pequeños ganaderos que no han tenido acceso a ese apoyo.
Cuarto acuerdo: “Ministerio de la Presidencia revisará la posibilidad de una declaratoria de emergencia ambiental en el cantón de Los Chiles y de una moratoria nacional a la expansión piñera.” (Voces Nuestras, 25-5-2017)
Este acuerdo fue firmado por María Elena López (como Ministra de Salud en ese momento), Edgar Gutiérrez (cómo Ministro de Ambiente), Sergio Alfaro (como Ministro de la Presidencia) y Luis Felipe Arauz (como Ministro de Agricultura). Estos puntos jamás fueron cumplidos y no se realizaron las acciones que se prometieron por parte del gobierno a Paniagua y Castro. Sobra decir que la expansión piñera continua y la impunidad por parte de los empresarios piñeros es la moneda de cambio con la que le paga el Estado a quienes denuncian este desastre. Mientras tanto Paniagua y Castro tuvieron que abandonar su finca al ser totalmente rodeados por un lado de piña y por otro de la inacción del Estado (Voces Nuestras 31-1-2018).
Un año después, el gabinete de la nueva Administración Alvarado Quesada se enfrenta a este reto mayúsculo en materia ambiental. El fenómeno del impacto generalizado en casi todo el país del monocultivo de la piña que su predecesor, Luis Guillermo Solís, no fue capaz de atender. Lejos de eso se prevé un continuismo en el tema lo cual una agudizaría más esta crisis.

La lectura que las organizaciones nucleadas en el Frente Nacional de Sectores Afectador por la Producción Piñera (FRENASAPP) hacen de esta coyuntura particular con respecto a este monocultivo no ve un panorama muy alentador. Así se analizó en la última reunión del FRENASAPP (Kioscos Ambientales, 22-4-2018) el pasado 19 de abril en San José. Las comunidades y organizaciones concluyen que Carlos Alvarado Quesada no parece diferenciarse mucho de la Administración Solís-Rivera en términos de abordaje de este conflicto socio-ambiental.

El escenario pos-elecciones:

En el ámbito de comercio exterior este nuevo gobierno trae una perspectiva de abrirse a nuevos mercados, pese a que no quiere firmar nuevos tratados de libre comercio, pero si profundizar la agenda neoliberal.

En este sentido hay que mencionar que las plantaciones de piña ha crecido de un 4% a un 7% por año, esto serían de 2.500 a 4.000 hectáreas que se suman al término de 12 meses. Al mismo tiempo los ingresos de los piñeros crecen al mismo ritmo, es decir al rededor de un 8% anual (Centroamérica Data, 27-4-2018). Esto confirma que la expansión sigue existiendo pese los esfuerzos de la Cámara Nacional de Productores Piñeros (CANAPEP) y del gobierno de negar el fenómeno de expansión.

Preocupa además la impunidad que puede llegar a tener las empresas piñeras que por ejemplo, se encuentran dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Tenemos más de 1.112 hectáreas de este cultivo dentro de Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado; el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (Fecon, 12-2-2018). Empresas que siguen funcionando en la actualidad en total impunidad.

En otro sentido la reforma a la normativa ambiental impulsada por la administración Solís-Rivera deja portillos preocupantes por medio de los cuales la expansión piñera puede continuar. Un ejemplo claro de esto es la propuesta de reforma del Reglamento de la Secretaría Técnica Ambiental que sigue el espíritu de desregularizar los controles e incrementar los umbrales ambientales para “facilitar el comercio y la competitividad” (Fecon, 7-3-2018). El Ministerio de Ambiente de la administración Solís-Rivera creó una propuesta inspirada en las ideas de Jorge Woodbridge (ministro de competitividad de Oscar Arias Sánchez) en la cual reduce los requisitos para la instalación de monocultivos. Es así como plantaciones de menos de 25 hectáreas no tendrían que presentar Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto abriría un portillo muy peligroso que incentivaría aún más la expansión piñera.

En este mismo sentido un informe de agosto de 2017 por parte de la comisión interna de SETENA titulado “Casos de plantaciones de piña – análisis de expedientes 2016-2017” revela que de los 27 expedientes sobre permisos de plantaciones piñeras el 74% de estos no tienen seguimiento alguno, ni inspecciones, es decir de sólo 7 piñeras fueron visitadas, mientras las otras 20 fincas no tienen seguimiento alguno. Hay que mencionar que sólo existen cuatro inspectores para realizar las visitas de las piñeras de todo el país.

Este mismo informe, rendido al MINAE por parte de la misma Setena, revela que un 22% de las piñeras con Viabilidad Ambiental registran alguna denuncia o infracción registrada en los tribunales de justicia. Lo que nos da indicios de que la falta de cumplimiento de los inspectores de Setena abona los casos de impunidad de los delitos ambientales del sector piñero.

Por otro lado, el Gobierno Solis-Rivera firmó tres reglamentos sobre plaguicidas que fomentan la entrada al país de agroquímicos sin necesidad de presentar estudios previos, con el argumento de modernizar los plaguicidas que se utilizan actualmente e introducir nuevas moléculas. Nos referimos a un reglamento que permite no realizarse las evaluaciones ecotoxicológicas a los plaguicidas en nuestro país sobre sus posibles implicaciones ambientales y en la salud (Decreto N° 40059), otro facilita la exportación de venenos (Decreto Nº 39461) y el último legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud (Decreto N°39995). Esto lo único que hace es allanar el camino para los intereses del agronegocio.

Este Gobierno de Unidad Nacional tiene una gran responsabilidad entre manos. Es necesario tomar acciones en torno a la expansión de los monocultivos. De no hacerlo estaría refrendando de forma irresponsable la inacción del gobierno Solís-Rivera en materia agroambiental condenando a cientos de comunidades a tomar agua envenenada, a ser victimas de la explotación laboral y a ver como su ganado pierde hasta un kilo por día por culpa de la mosca de la fruta.

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