Solicitud de reunión y exposición de la perspectiva de la FECON sobre la situación ambiental del país de cara al nuevo gobierno.

feconlogo
Estimado señor:
Hoy Día de la Tierra, como parte del sector ambiental y siendo una organización con más de
30 años de trayectoria, nos complace saludarle como la persona que lleve la investidura de
Presidente de la República, a partir del 8 de mayo próximo. De antemano solicitamos un
espacio de diálogo-acción permanente en su gobierno, que nos permita enfrentar los
principales desafíos ambientales de Costa Rica.
Con este fin, instamos formalmente una reunión con su persona, el equipo que considere
pertinente y nuestra junta directiva, preferiblemente antes de asumir sus funciones.
cualquier partido político. Esperamos que sea el diálogo y la construcción conjunta la que prive.
FECON como federación de grupos ecologistas a nivel nacional, tiene una vasta experiencia de trabajo y conocimiento del país, desde hace casi 30 años. Las organizaciones integrantes de la federación, llevamos a cabo un trabajo de elaboración de propuestas a nivel local,regional y nacional en y con comunidades; hemos participado en diversos procesos en la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo y siempre es fuerte nuestra voluntad para construir un mejor país para todas las personas que lo habitamos.
De igual manera, deseamos aprovechar esta ocasión, para señalar diversos puntos
urgentes que nos son de gran preocupación. Este no es un detalle exhaustivo, pero
servirán como punto de partida para el diálogo con usted y su futuro gabinete de gobierno que conlleve a tener participación constante en la toma de decisiones sobre los aspectos ambientales. Nos apoya lo señalado la Corte lnteramericana de Derechos Humanos -ClDHen su Opinión Consultiva OC-23/17 sobre ‘‘Medio Ambiente y Derechos Humanos’ solicitada por la república de Colombia y en el principio X de la Declaración de Río esperando sea haga realidad el espíritu bajo el cual se funda el partido político que lo cobijó para hoy ser nuestro
Presidente Electo.
En primera instancia es importante considerar lo que dice la Corte IDH, porque según esta opinión, el Estado costarricense deberá:
● prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, lo cual
implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción,
realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los
daños ocurridos;
● actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o
irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la
integridad personal, aún en ausencia de certeza científica;
● cooperar con otros Estados de buena fe para la protección contra daños
ambientales significativos;
● garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medio
ambiente;
● garantizar el derecho a la participación pública de las personas, en la toma de
decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, y- garantizar el acceso a
la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio
ambiente.
Así mismo, es también importante recordar el Principio X de la Declaración de Rio de 1994: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación todas las personas interesadas. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades,así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.​ (énfasis añadido)
Teniendo en cuenta estos elementos deseamos plantear estos puntos prioritarios, mismos que nos interesa conversar para llegar a soluciones concretas con usted y su equipo de gobierno:
1. Fortalecimiento de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP):
Es necesario fortalecer las ASP dotándole de los recursos que ellas mismas producen y que actualmente se dirigen a otros usos, según fuentes oficiales, los mismos ascienden a USD$23.8 millones por año. En este sentido, es importante señalar que el problema en las AS
2. Moratoria a la expansión piñera Existe consenso entre nuestras organizaciones, en que uno de los principales desafíos en materia agro-ambiental es la expansión de los monocultivos. En especial preocupa la expansión piñera, que según reportes del Centro Nacional de Alta Tecnología(CeNAT-CONARE) en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD), deforesta un equivalente a 5.566 hectárea de bosque de forma ilegal . Además, es 1 evidente que sólo en el año 2016, las empresas piñeras ha instalado 1112 hectáreas de monocultivo dentro de las Áreas Silvestres Protegidas de Maquenque, Zona Fronteriza y Barra del Colorado. Es urgente sentar responsabilidades sobre delitos ambientales y abrir las causas penales y judiciales donde correspondan.
El geoportal de información geográfica Sistema Nacional de Información Territorial revela 2 que para el 2016 más de 1112 hectáreas de piña se encuentran dentro de tres Refugios de Vida Silvestre violando la Ley Forestal. Esto sumado a la contaminación de los mantos acuíferos de la Zona Caribe y Huetar Norte con agroquímicos. En este sentido solicitamos la implementación de una moratoria la expansión de la piña en el país. Dicha moratoria fue compromiso del actual gobierno pero nunca la puso en práctica y rindieron cuentas sobre su incumplimiento.
3. Minería ilegal en Crucitas
Es urgente implementar la “Agenda de Desarrollo Fronterizo Norte” donde los distritos de Pocosol, Cutris y Pital se vean beneficiados de proyectos que permitan sacar a su población de la pobreza y activar la economía lejos de la minería metálica. Esta agenda se compone de 103 acciones concretas que el Gobierno ha propuesto para la zona pero que no se han venido ejecutando, algunas de ellas van desde desarrollar centros de estudio, investigación y capacitación hasta creación de capacidades productivas agropecuarias.
1
MOCUP, 2016.
2Sistema Nacional de Información Territorial (http://www.snitcr.go.cr/Visor/index)
4. Derogación de decretos que legalizaría gran cantidad de plaguicidas sin criterio técnico Se trata de un conjunto de tres decretos; uno permite que no se realice una evaluación previa en nuestro país sobre sus posibles implicaciones ambientales y en la salud (Decreto N°40059), otro facilita la exportación de venenos (Decreto Nº 39461) y el último legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud (DecretoN°39995). Por lo que nuestro planteamiento es que se deroguen los tres decretos para poder transitar hacia un país libre de agrovenenos, según su compromiso de promover agricultura orgánica y sistemas de producción sostenibles.
5. Prohibición del Paraquat y el Glifosato:
El Paraquat es después del fungicida Mancozeb y del herbicida Glifosato 2,4-D, el
agroquímico más importado desde el año 1977 Además, el Paraquat es considerado un 3
plaguicida de “extrema peligrosidad” Por lo tanto solicitamos se firme el decreto ejecutivo 4 para la prohibición del Paraquat referido en el oficio del Ministerio de Salud
DAJ-RM-0672-2018, del Aviso de Consulta Pública oficio DAJ-CB-727-2018 de la Gaceta del
viernes 20 de abril de 2018. Borrador de decreto mediante el cual se prohibiría la importación,uso y comercialización del mismo. Hay que recordar que el Paraquat es considerado integrante de la lista de plaguicidas más peligrosos llamada la “Docena Sucia”.
Por su lado el Glifosato hay que mencionar que es catalogado por la Organización Mundial de la Salud a través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por 3 Clemens, Rupert. Plaguicidas y otros contaminantes. Decimoséptimo Informe Estado de la Nación 2010
https://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/017/Ponencia-Clemens-Plaguicidas-y-otros-contaminantes
.pdf
4 Bravo, Viria. Importación de plaguicidas y peligros en salud en América Central durante el periodo
2005-2009. (2015). https://www.researchgate.net/publication/280579892
su sigla en inglés) ha incorporado el glifosato a la lista de sustancias probablemente
carcinógenas para humanos (grupo de sustancias 2A de la IARC). Por lo cual es urgente
sacarlo de la circulación en Costa Rica por un criterio de salvaguarda de la salud humana.
6. Promoción de una matriz energética amigable con el ambiente y la gente:
Incentivar a nivel público la producción de energía solar y el continuar impulsando y
acrecentando el desarrollo de energías renovables. Trabajar arduamente por disminuir la factura petrolera del país y sustituir la importación de combustibles por fuentes energéticas propias, como la solar, la geotérmica de baja entalpia (fuera de parques nacionales). De igual forma, descartar la construcción del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael en Pérez Zeledón y revocar la viabilidad ambiental del mismo que fue dada mediante resolución 1985-2016-SETENA. Además, negarle la declaración de conveniencia nacional a dicho proyecto.
7. Descartar todos los proyecto hidroeléctrico en territorios indígenas:
Las poblaciones indígenas de nuestro país deben de estar libres de las presiones que ejercen proyectos hidroeléctricos. Con gobierno nacional debe de respetar los derechos humanos de las poblaciones indígenas costarricenses. Uno de estos derechos es que el Estado debe de salvaguardar la integridad de sus territorios. En concreto el Proyecto Hidroeléctrico Diquis debe de ser archivado y se le debe de derogar el Decreto de Conveniencia Nacional e Interés Público Nº 34312.
8. Etiquetado Organismos Genéticamente Modificados (OGM):
Todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a elegir de manera informada los alimentos que consume y por ende, tiene que saber si contiene o no OGM. Este derecho es defendido por la misma Constitución Política de Costa Rica -en su artículo 46 así como en el artículo 43 del Reglamento a la Ley 7472 -Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor- que establece que: “Es obligación del comerciante informar, clara, veraz y suficientemente, al consumidor, de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo”. El derecho a elegir de los consumidores de manera informada, y esto solo es posible hacerlo por medio de la indicación obligatoria de las palabras “contiene transgénicos” en la etiqueta de los alimentos que posean ingredientes de esta naturaleza. En este sentido, le tomamos la palabra en su compromiso con la obligatoriedad de informar a las personas consumidoras.
9. Derogar el decreto que saca a FECON de la Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta de SETENA FECON fue parte de la Comisión Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta conformada en 2005 (N° 32631-MINAE) la cual tenía el objetivo de “dar apoyo a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental mediante en el desarrollo y modernización de los instrumentos técnicos y procedimientos del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del país” (art. 1). Esta Comisión Mixta, estaba formada por instituciones del Estado, ONG, colegios profesionales,consultores, cámaras del sector productivo y FECON como entes de la sociedad vinculados a la gestión de la SETENA.
Pedimos derogar el Decreto N°40505, que sin ninguna consulta, cambió la representación
que ostentaba formalmente FECON para sustituirla por alguna otra “ONG”. Lo cual
contraviene el criterio de participación ya que se corre el riesgo de que se pierda la
representatividad del sector ambiental dentro de SETENA.
10. Fortalecimiento de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA).
Sugerimos acoger las observaciones hechas por la FECON sobre las modificaciones del
“Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental”, el cual sustituiría no solo
el Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004,sino también el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental vigente.
Esta reforma pretende evitar que dos terceras partes de los proyectos que requieren EIA los ejecuten dejando sin protección a la población costarricense bajo el concepto de disminución de trámites propuesto por el exministro de competitividad Jorge Woodbridge en la administración Arias Sánchez desde el año 2008. Esta reforma es muy peligrosa en un contexto nacional donde sólo existen seis cantones con planes reguladores aprobados y con la variable ambiental aprobada, de manera que todos esos proyectos urbanísticos y muchos más, quedarían “a la libre”, sin ningún control ambiental. A lo anterior se suma la falta de un Ordenamiento Ambiental del Territorio, a pesar de que cerca del 25 % de las construcciones del país se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.
Se buscaría incentivar actividades económicas ambientalmente sustentables, sobre la base de una correcta y eficiente Evaluación de Impacto Ambiental, Ordenamiento Territorial y Planificación Estratégica (sectorial y suprasectorial) con el uso de la evaluación pertinente,tal y como lo ha ordenado la Contraloría General de la República. Esperamos el estímulo a distintos grupos y sectores de la sociedad, para que participen activamente en el desarrollo de decisiones estratégicas clave para nuestro futuro.
11. Archivo del Proyecto de Ley 20.407 • “Ley para la regulación del patrimonio natural
y forestal del estado”:
Este proyecto trata de dar un contenido y manejo independiente, utilizar las dos a las
categorías de patrimonio natural y forestal del estado para así, entre otras cosas, volver a
otorgar permisos de uso o concesiones de los recursos en áreas del estado actualmente
limitadas por su significado en la protección ambiental. En el fondo, el proyecto intenta
deslindar las reservas forestales de las otras áreas protegidas y exigir requisitos diferentes para la tala. La propuesta de ley se torna todavía más compleja y absurda en tanto que
pretende, en lugar de ser una ley en sí misma, basarse especialmente en la ley de
Biodiversidad y en la ley Forestal 7575 tal como se amplía en el documento de la Red de
Coordinación en Biodiversidad 5
Esperamos se respete el voto constitucional 2008•12109 y por consiguiente la Ley 65 de
1888, que Declara inalienables las montañas en que tienen su origen las aguas que
abastecen a Heredia y Alajuela, y no se permitan actividades a particulares en esa.
Igualmente, que se haga lo necesario para que rescatar los terrenos que son patrimonio
estatal y que están en manos de particulares. Sumado a lo anterior esperamos se haga
efectivo el Decreto No.39259-MINAE firmado el 15 de octubre del 2015 en Concepción de
San Rafael de Heredia que amplió el Parque Braulio Carrillo.
12. Prohibir la incineración de basura:
Dada la importancia del tema y su falta de discusión ciudadana, solicitamos que el Poder
Ejecutivo convoque a las personas integrantes de la Alianza Hacia Basura Cero y demás
interesados en el manejo de los residuos sólidos y la prohibición de su incineración,
incluyendo representantes de las municipalidades, para el estudio y discusión de la ley 8839
para la Gestión Integral de Residuos y sus respectivos decretos y reglamentos. Esto incluiría
el estudio de la reforma ilegal que se pretende hacer con la eventual aprobación del
“Reglamento para la clasificación y el manejo de residuos peligrosos”. De igual forma, vemos
con buenos ojos su compromiso con la implementación de los principios de la ley.
5
Red de Coordinación en Biodiversidad. (2017). Comentarios y posición de la Red de
Coordinación en Biodiversidad sobre el Proyecto de Ley para la Regularización del
patrimonio natural y forestal del Estado.
13. Prohibir definitivamente de la importación de residuos peligrosos tal y como lo dicta la
ley:
Evitar la reforma ilegal que se pretende hacer mediante con la eventual aprobación del el
borrador de “Reglamento para la clasificación y el manejo de residuos peligrosos”, y la
derogatoria del actual Decreto Ejecutivo Nº 37788-S-MINAE del 15 de febrero del 2013
“Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos”, publicado en el
sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Dicho decreto se
encontraba en encuentra en consulta pública bajo una escasa divulgación hasta el 21 de
febrero de 2018.
La modificación que busca hacer el Ministerio de Salud implicaría cambiar la aplicación de la
la Ley 8839 y posiblemente incumplir el Convenio de Basilea, tanto por el contenido, como
por la falta de participación ciudadana. Dicho Convenio, suscrito por el Estado de Costa Rica
mediante decreto ejecutivo Nº 23927 del 13 de diciembre de 1994, señala que “todo Estado
tiene el derecho soberano de prohibir la entrada o la eliminación de desechos peligrosos y
otros desechos ajenos en su territorio”.
14.Mejor Gestión del Recurso Hídrico
Es estratégico para un país priorizar la adecuada gestión del agua, principalmente el a
considere los ecosistema como usuarios de agua y que lo proteja como un
servicio público no a la privatizable;
– La cancelación del proyecto de acueducto Coco-Ocotal en Sardinal de
Carrillo Guanacaste;
– Fortalecimiento de la Matriz Genérica del SENARA;
– Reforma Constitucional para declarar el agua DDHH y Dominio Público;
– Identificar y priorizar áreas de protección de nacientes y zonas de recarga de
acuíferos, para tomar las medidas necesarias para su inmediata protección;
– Necesidad de un adecuado ordenamiento territorial para una gestión integrada
del recurso hídrico. Esto implica sobre todo la formulación e implementación de
planes reguladores, planes de manejo de cuencas y  planes regionales, que
tengan coherencia entre ellos y que como uno de los aspectos medulares
consideren la capacidad de carga de las cuencas y los ecosistemas
involucrados.
15. Sobre las Zona Marítimos Terrestre y pesca
Es importante señalar que la pesquería industrial impacta directamente sobre la pesquería
artesanal, desplazándola y compitiendo directamente con las comunidades y los pequeños
pescadores. Por eso importante, la gestión comunitaria y colectiva de los recursos marinos
ya que se sabe que es la pesca artesanal la que provee de el 25% de pescado y los mariscos
que se venden en el mercado internacional En ese sentido, en Costa Rica, según 6
investigación del 2012, existían 12 mil personas directa e indirectamente dedicadas a la
pesca artesanal Así las cosas, es evidente que permitir la pesca de arrastre en cualquiera de 7
sus versiones atentaría directamente contra miles de costarricense que viven en las zonas
6 Grupo ETC. ¿Quién nos alimentará? (2017)
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc-quiennosalimentara-2017-es.pd
f
7
Salazar Araya, Sergio. Situación de la pesca artesanal en Costa Rica. Portal de
Revistas Académicas. (2013)
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/11809/11131
más pobres de nuestro país, las costas, por lo cual solicitamos mantener su posición de
rechazo de este tipo de actividades.
16. Agricultura y agroecología
Apoyamos desde el sector ecologista, el impulso a una gestión efectiva en el desarrollo de
una agricultura familiar libre de transgénicos y ecológica, que garantice al país el
autoabastecimiento de productos sanos. De igual forma, apoyamos acciones para que la
actividad agrícola intensiva y extensiva se adhiera a cumplimientos ambientales ecológicos
de modo que disminuya y corrija su impacto ambiental. Además apoyamos el estímulo y
reconocimiento de estimular y reconocer las declaratorias municipales sobre “Zonas Libres
de Agroquímicos”.
17. Reforzamiento de las políticas nacionales sobre ecoturismo:
Siendo el turismo la principal fuente de ingresos para nuestro país, el mismo debe se ser
sustentable, no obstante, hemos detectado una serie de prácticas que atentan contra la
biodiversidad. El Estado debe de garantizar que las actividades turísticas no perjudiquen  a la
vida silvestre o ecosistemas, al cumplir la normativa vigente y desarrollar nuevas que sean
acordes con las nuevos retos que se presentan ante la presión de este sector, especialmente
en las ASP y  la vida silvestre.
El aprovechando la información ambiental ya desarrollada, favorecerá el impulso al desarrollo
turístico sostenible. Nuevamente es urgente impulsar los planes de ordenamiento territorial
regionales para evitar el desarrollo desordenado y el megaturismo en las zonas costeras y
por el contrario buscar un desarrollo del turismo local y en manos de sus pobladores/as.
Así favorecernos de que nuestro país sea potencia mundial en biodiversidad, ecoturismo y
desarrollo sustentable, para que sea un ejemplo a seguir por el mundo, particularmente por
aquellos países vecinos.
18. Análisis crítico de la Financiarización de la Naturaleza
El país, sin discusión alguna y por acción de los pasados gobiernos ha adoptado una serie de
políticas e instrumentos que vienen a convertir la Naturaleza en un objeto que se compra y se
vende. Lo mismo sucede con las funciones que realiza la misma Naturaleza como la
captación de C02. Así se elaboran créditos que finalmente sirven a quienes quieren seguir
contaminando y lucrando con esta acción. Solicitamos poder discutir sobre este tipo de
mecanismos y políticas con el objetivo de descartar aquellos que no vengan a atacar las
causas que provocan la crisis ambiental que estamos sufriendo.
Este tema va de la mano con una de sus propuestas, la descarbonización del país en la cual
queremos participar para poder identificar fuentes que vayan más allá de la emisión de gases
contaminantes debido al modelo de transporte y lograr que la misma ayude a construir un
país de verdad sustentable.
Se incluiría en esta discusión la política y estrategia de biodiversidad adoptadas por el país
en 2016 basadas igualmente en una concepción economicista de la biodiversidad (economía
verde)
19. Ordenamiento Urbano y transporte público:
Favoreceríamos la discusión para impulsar aceleradamente los lineamientos de la Nueva
Agenda Urbana, no solo en la Gran Área Metropolitana, sino también las ciudades
intermedias fuera del Valle Central. Prioritariamente corregir y dar dimensión ambiental a
la normativa de uso del suelo y de construcciones, el inicio de la ejecución del Tren Rápido de
Pasajeros; impulso a formas de movilidad no motorizada (ciclovías, caminar, patinar o correr
como forma de transporte, etc); fomento del teletrabajo, como forma de evitar el
desplazamiento de los ciudadanos hacia los centros de trabajo; entre otros.
20. Respuesta a la Crisis Climática
Favorecemos la toma de acciones efectivas en la lucha contra el cambio climático:
ordenamiento ambiental del territorio, identificación de zonas especiales, ordenanzas
municipales, gestión (preventiva) del riesgo, seguro contra desastres (nacional e
internacional), eliminación de las falsas soluciones y de mecanismos de financiarización
de la Naturaleza que agudizan más la crisis y no ofrecen solución alguna, planificación
estratégica (sectorial y suprasectorial) y trabajar en aumentar la resiliencia de nuestro país.
21. Cuencas transfronterizas
Proponemos dar particular prioridad al compromiso abandonado por más de 20 años de
trabajar con Nicaragua, en un Plan de Desarrollo y Sustentabilidad Ambiental para la cuenca
binacional del Río San Juan, la más extensa en Centroamérica. Es necesario aprovechar los
foros regionales para estrechar lazos de cooperación ambiental y en gestión preventiva del
riesgo con los otros países centroamericanos.
22. Protección de la semilla criolla y los intercambios entre comunidades
Modificaciones concretas al proyecto de Ley de Semillas expediente No. 16098 que apoyen el cumplimiento de los derechos de los agricultores contenidos en el Tratado Internacional de Semillas (TIRFA).
Después de varios intentos de modificar este proyecto de ley desde 1999, se encuentra
nuevamente en discusión en la corriente legislativa, el proyecto de “Ley para la promoción y desarrollo de la producción y comercio de Semillas”, anteriormente solo llamado “Ley de Semillas”. Nuestra propuesta es y ha sido siempre el que de ninguna manera se altere el derecho de los agricultores a producir, resembrar, manejar, intercambiar y comercializar las semillas criollas, incluyendo el derecho establecido de ser adquiridas en las compras del estado. Esto significa que quedan relevadas de la exigencia de certificación y registro instauradas en esta ley que entonces sería válida únicamente para la comercialización de semillas “industriales”, modificadas en laboratorio. Proponemos además que la representación de organizaciones de campesinos, campesinas e indígenas este presente ante las decisiones del Tratado Internacional de Semillas.
Nos interesaría igualmente discutir, muy ligado a este tema, la Política de Semillas aprobada hace unos días por el Ministerio de Agricultura y que igualmente se adoptó con la escasa participación de organizaciones campesinas, indígenas y ecologistas.
Como mencionamos al inicio esta es una carta para incentivar el diálogo y crear puentes para que en este Gobierno de Unidad Nacional se pueda caminar hacia la Costa Rica sustentable que todas las personas deseamos. Esa Costa Rica del Bicentenario, Señor Presidente Electo, no debe de dejar de lado a las organizaciones congregadas en la FECON, ya que este país debe ser construido en conjunto y no solo unos cuantos actores sociales.

Diario Digital El Independiente,Edgar Canton.

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