ICT es demandado por la familia Paniagua.

Foto3

SANTA ANA DE BELÉN DE CARRILLO.

Señor

FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA

MINISTERIO PÚBLICO

SEÑORES FISCALIA DE FRAUDE

SEÑORES FISCALÍA DE LA ETICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

SEÑOR DIRECTOR DEL OIJ

SAN JOSÉ

Yo, FRANK PANIAGIA MENDOZA, mayor, soltero, abogado, vecino de Santa Ana de Belén de Carrillo, Guanacaste, vengo a denunciar a los personeros del  ICT por lavado de dinero provenientes de actos ilícitos,  estafa y fraude procesal, asociación ilícita, delitos contra la ética en la función pública,  pues venden los recursos que aparentemente son del Estado, haciendo negocios privados.

HECHOS

A.- ANTENCEDENTES HISTORICOS

1.-  El PROYECTO POLO TURÍSTICO PAPAGAYO inicialmente era de 14.000 hectáreas y sería financiado por el BID.

  1. Debido a que el procedimiento inicialmente expropiatorio era muy complicado y costoso, se concentraron en la Península de Papagayo que pertenecía a un único propietario, MI PADRE.

INVADIERON LA FINCA Y echaron fuera a mi madre, siendo una joven de 25 años de edad, con cinco hijos en brazos, los peones de la HACIENDA PALMARES ( HOY PENINSULA PAPAGAYO, EN DONDE SE ASENTA EL HOTEL FOUR SEASONS), ubicada en Nacazcolo de LIBERIA desde Playa Cabuyal hasta la punta de Four Seasons y de allí hasta playa Nacazcolo, justo en las coordenadas indicadas en la ley 6370.

  1. Esta Ley fue la que declaró de interés turístico esta propiedad privada, en las coordenadas dichas, y con base en ella fue que nos echaron de la HACIENDA PALMARES por agentes que dijeron ser del Gobierno.

La historia con sus detalles está contada y la podrá observar en los siguientes enlaces:

4.- NUNCA SE NOS PAGÓ ni indemnizó.

5.- La misma Ley, en su artículo NOVENO indica:

“Artículo 9º.- Al cumplirse ocho años de la publicación de la presente ley deberán quedar concluidos los trámites administrativos, relativos a la adquisición por mutuo consentimiento de los inmuebles y derechos a que alude el artículo 1º y, en caso, publicado el correspondiente decreto de expropiación. En efecto de esos actos jurídicos las propiedades y los derechos de posesión quedarán automáticamente liberados de la declaratoria de utilidad pública y sus respectivos dueños recuperarán el ejercicio absoluto de los atributos del dominio sobre esos bienes y derechos. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, se autoriza al Banco Central de Costa Rica para contratar de inmediato créditos internos a favor del Instituto Costarricense de Turismos en las condiciones más favorables que puedan obtenerse (plazo, tasa de interés y período de gracia), hasta por la suma de cuarenta millones de colones (¢ 40.000,000.00).

EL RESTO DE LA LEY INDICA

Dirección Legal. Instituto Costarricense de Turismo.

LEY QUE DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA EL PROYECTO TURISTICO DEL

GOLFO DE PAPAGAYO

No. 6370 del 20 de agosto de 1979.

“Artículo 1º.- Declárese de utilidad pública los bienes inmuebles, sean fincas

completa, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos, que por su

ubicación sean necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico en Bahía

Culebra, en jurisdicción de la provincia de Guanacaste, que se asentará, sobre la

base de la cuadrícula Lambert Costa Rica, del mapa hoja 3047.1 Carrillo Norte,

Costa Rica 1: 50.000 (elaborado por el Instituto Geográfico Nacional), y se ubicará

entre las siguientes coordenadas: 2.94 Norte con 3.50 Este y 2.94 Norte con 3.62

Este, como límite Norte; 2.85 Norte con 3.50 Este y 2.85 Norte con 3.54 Este y

2.84 Norte con 3.54 Este, y 2.84 Norte con 3.62 Este como límite Sur; 2.94 Norte

con 3.62 Este y 2.84 Norte con 3.62 Este, como límite Este; y 2.94 Norte con 3.50

Este y 2.85 Norte con 3.50 Este, y 2.85 Norte con 3.54 Este y 2.84 Norte con 3.54

Este, como límite Oeste.

Dicha porción territorial comprende la zona marítima del litoral Pacífico, ubicada

desde Punta Cabuya al Norte, hasta un kilómetro al Sur de Punta Ballena.

Artículo 2º.- Autorízase al Instituto Costarricense de Turismo para adquirir en

forma directa, prescindiendo del trámite de licitación, pero con el refrendo de la

Contraloría General de la República, los bienes inmuebles dentro de la zona

descrita en el artículo 1º de esta ley, que a su juicio sean necesarios para el

desarrollo del proyecto.

Artículo 3º.- El Instituto Costarricense de Turismo deberá levantar un expediente

administrativo sobre los inmuebles que adquirirá para desarrollar el proyecto de

Bahía Culebra.

Únicamente sobre la base de este expediente, la Dirección General de la

Tributación Directa podrá proceder a fijar el monto de la indemnización que deberá

pagarse al propietario del inmueble afectado. Obtenido el informe de la Dirección

General de la Tributación Directa el Instituto Costarricense de Turismo requerirá al

propietario, personal, para que dentro de los treinta días hábiles siguientes lo

acepte o presente a su avalúo; si no hubiere acuerdo y las partes así lo

convinieren se solicitará un peritazgo del Colegio de Ingenieros Agrónomos o del

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, requiriendo a uno de

esos colegios para que nombre un equipo idóneo que haga el peritazgo

correspondiente. Este se llevará a cabo dentro de los veinte días hábiles

siguientes. Los honorarios de dicho peritazgo serán pagados por el Instituto

Costarricense de Turismo.

Dirección Legal. Instituto Costarricense de Turismo.

Si sobre la base de los avalúos indicados en el párrafo anterior, el Instituto

Costarricense de Turismo y el propietario llegaren a un acuerdo, comparecerán al

otorgamiento de la escritura o escrituras correspondientes. Las escrituras se

otorgarán ante la Notaría del Estado y en ellas deberá darse fe del refrendo de la

Contraloría General de la República.

Artículo 4º.- Si no hubiere acuerdo o si el propietario no concurriere al llamado del

Instituto Costarricense de Turismo, se dictará de inmediato el Decreto Ejecutivo de

expropiación y, publicado éste, se pasará el expediente respectivo al Juzgado Civil

de Hacienda para que, mediante resolución considerada, determine el monto de la

indemnización.

A partir del momento en que el Instituto Costarricense de Turismo, depositare a la

orden del propietario la suma fijada por la Dirección General de la Tributación

Directa, como indemnización, durante el trámite de las diligencias de exportación

el juzgado extenderá al Instituto Costarricense de Turismo, a solicitud suya,

autorización para entrar en posesión de lo expropiado, sin perjuicio de continuar al

trámite de las diligencias instauradas, aunque el interesado opte por retirar lo

depositado.

Para fijar justamente la respectiva indemnización, el juez podrá ordenar la prueba

que estime conveniente, para mejor proveer.

Artículo 5º.- En la etapa de arreglo directo las partes podrán auxiliarse, conjunta o

separadamente, con la opinión de personas y entidades cuyo asesoramiento

facilite determinar el valor justo de los derechos de poseedores y propietarios

sobre las tierras y las mejoras efectuadas.

En esta etapa las partes aplicarán, además de los que son usuales en materia de

avalúos, criterios relativos al lugar de residencia de poseedores y propietarios; la

duración de su posesión o propiedad; el aporte de cada parcela al buen éxito del

proyectos, tanto por su ubicación como por su valor ecológico; los trabajos

realizados previamente por los poseedores y propietarios y la reubicación y

rehabilitación de éstos una vez que hayan hecho abandono de sus tierras. Estos

criterios se aplicarán con el fin de mejorar el monto de las indemnizaciones dentro

de los márgenes razonables referidos al rango de los avalúos y a los límites

económicos y de rentabilidad del proyecto.

Artículo 6º.- Las personas que, el entrar en vigor esta ley, demostraren hallarse

ocupando bienes inmuebles en la zona inalienable de Playa Panamá, serán

indemnizadas con arreglo a los mismos criterios previstos en el artículo anterior.

La ocupación debe haber sido ejercida ininterrumpidamente durante los últimos

diez años, en forma quieta y pública; los interesados podrán invocar en su

beneficio la ejercida por sus transmitentes y antecesores.

Dirección Legal. Instituto Costarricense de Turismo.

La prueba de la ocupación en las condiciones anteriores, se hará mediante

información que levantará el Instituto Costarricense de Turismo, a quien

corresponderá aprobarla o improbarla, sin perjuicio del recurso de apelación que

los interesados podrán plantear para ante uno de los juzgados contencioso

administrativos, cuya decisión será definitiva.

Artículo 7º.- El pago de las tierras será en efectivo. Sin embargo, las partes, de

común acuerdo, podrán utilizar otras modalidades de pago, preferentemente de

permuta.

Artículo 8º.- El Estado financiará inmediatamente y adecuadamente la compra y

acondicionamiento de terrenos necesarios, su conservación y la dotación de la

infraestructura primaria, para ejecutar el proyecto turístico en Bahía Culebra. Se

autoriza al Instituto Costarricense de Turismo para coordinar con las instituciones

y organismos estatales, la construcción de las obras requeridas.

Asimismo el Estado proporcionará, en el menor tiempo posible y a través de sus

instituciones, las facilidades básicas al costo, a aquellos vecinos que deseen

reubicarse en el sitio o sitios de la zona adyacente al proyecto. Estos serán

determinados de común acuerdo y sin menoscabo de la economía en la

prestación de los servicios públicos.

Artículo 10.- Una vez adquiridas las tierras señaladas en la presente ley, sólo

podrán ser utilizados por el Estado costarricense para el proyecto de desarrollo

turístico en Bahía Culebra, de conformidad con la ley especial que la Asamblea

Legislativa deberá emitir con ese propósito en cumplimiento del artículo 3º de la

ley Nº 5847 del 18 de noviembre de 1975.

1 Así reformado por artículo 78 de la Ley No. 6963 del 31 de julio de 1984

2 Así reformado por artículo 13 de la Ley No. 6811 del 10 de setiembre de 1982

Dirección Legal. Instituto Costarricense de Turismo.

Artículo 11.- En el desarrollo de este proyecto no podrán participar empresas

cuyos propietarios tengan parentesco, hasta segundo grado de consanguinidad o

afinidad, con funcionarios del Gobierno y sus instituciones autónomas.

Artículo 12.- Rige a partir de su publicación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo

Asamblea Legislativa. San José, a los veinte días del mes de agosto de mil

novecientos setenta y nueve.

Ramón Aguilar Facio

Presidente

Roberto Tobar Faja Federico Villalobos Villalobos

Primer Secretario Segundo Secretario

Presidencia de la República. San José, a los tres días del mes de setiembre de

mil novecientos setenta y nueve.

Ejecútese y publíquese

Rodrigo Carazo

Jorge Carballo Wedel

Ministro de la Presidencia”

 

B.- HECHOS SOBRE LA DENUNCIA CONCRETA:

6.- He preguntado una y otra vez a los personeros de Instituto Costarricense de Turismo a quién compraron o indemnizaron HACIENDA PALMARES, en cuánto se compró, cuál es el expediente en que se encuentra la compra y no contestaron, ni aún demandándolos ante la Sala Constitucional para que contesten. Ver documentos adjuntos.

7.- La compra de Palmares se mantiene en absoluto SECRETO DE ESTADO

por el ICT. Nadie tiene acceso, ni aún la Sala Cuarta.

8.- Debido a que les fue fácil apoderarse de HACIENDA PALMARES sacando a mi joven madre el PROYECTO PAPAGAYO se CONCENTRÓ en HACIENDA PALMARES porque les resultó gratis, y si INDEMNIZARON A “ALGUIEN” no fue a mis padres ALBA MENDOZA MENDOZA y MANUEL PANIAGUA RODRÍGUEZ, hoy su Sucesorio.  Por eso solicito se investigue a quién indemnizaron, pues si lo hicieron a favor de otra persona que no fuese mi padre se habría cometido un VERDADERO FRAUDE con fondos públicos. Recuérdese que se presupuestaron cuarenta millones de esa época para la compra de  Palmares.

9.- SE creó una empresa denominada PENINSULA PAPAGAYO, S.A. que es la CONCESIONARIA PRINCIPAL que maneja el POLO TURISTICO y las actividades se extendieron a venta de bienes raíces.  Adujeron que la dueña de las acciones era una tal fundación SWAN, que era tan solo una mampara, porque las acciones pasaron luego a las personas más ricas de este país.

10.- Hoy, PENINSULA PAPAGAYO VENDIÓ LAS ACCIONES  de la empresa a GENCOM  una multimillonaria desarrolladora inmobiliaria con domicilio en BRICKELL, Miami, Florida, Estados Unidos de América.  Ver los siguientes enlaces:

http://www.businesswire.com/news/home/20160817006112/en/Gencom-Affiliate-Acquires-Costa-Rica%E2%80%99s-Famed-Peninsula

https://shar.es/1wuquK

ttp://www.elfinancierocr.com/m/negocios/Gencom-Peninsula-Papagayo-Resort-PUBLICAR_0_1014498545.html

 

11.- De tal forma, LA TIERRA de mi Familia que no indemnizaron y se la apropiaron ilegítimamente mediante despojo infrahumano, aprovechando que mi madre estaba sola en la Hacienda porque mi padre sufría de un evento que lo alejó de la familia y tenía CANCER DE CEREBRO; ahora es hoy de los ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA en una de sus grandes empresas multinacionales.

12.- PAPAGAYO FUE EN SÍ UN NEGOCIO DEL ESTADO Y SUS PERSONEROS. Los expedientes de compra de HACIENDA PALMARES son los expedientes “X” ( los X files) del Gobierno.

PIDO: SE INICIE UNA INVESTIGACIÓN para que se investigue la posible comisión de legitimación de capitales, estafa procesal, malversación de fondos públicos, estafa procesal, asociación ilícita para delinquir, apropiación indebida, violación a la propiedad privada artículo 45 de la Constitución Política, y todos los delitos relacionados con la función pública en donde existen multimillonarios intereses económicos, cohecho y demás.

PIDO: allanamiento en el Departamento POLO TURISTICO DE GOLFO DE PAPAGAYO para secuestrar los Expedientes X de compra de TIERRAS en Golfo de Papagayo, pero únicamente los relacionados con PENINSULA PAPAGAYO, la concesionaria de HACIENDA PALMARES DE MIL CIEN HECTAREAS, coordenadas ya apuntadas en la ley 6370 arriba citada.

PIDO: Ser informado en este asunto como víctima como heredero de Manuel Paniagua Rodríguez, así como se tenga como víctima y parte a la ALBACEA DEL SUCESORIO DE MI PADRE MANUEL PANIAGUA RODRÍGUEZ, doña ALBA MENDOZA MENDOZA, cuya personería aporto.

SEREMOS TODOS NOTIFICADOS AL CORREO ELECTRÓNICO: bfpaniagua@hotmail.com
Me fundamento en los artículos278 y siguientes del CÓDIGO PROCESAL PENAL.
FRANK PANIAGUA MENDOZA

Diario Digital El Independiente. Edgar Cantón

 

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