AMBIENTALISTAS HEMOS SIDO BURLADOS, OFENDIDOS Y VIOLADOS EN NUESTROS DERECHOS POR EL FUNCIONARIO JULIO VILLAFUERTE, DIRECTOR REGIONAL DE MIDEPLAN.

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EMEL RODRÍGUEZ DE MINAE, LLAMÓ AMENAZANDO A NUESTRO CONVALECIENTE PRESIDENTE QUE LO DENUNCIARÁ PENALMENTE.  

´´Asociación para el rescate y protección del Río Tempisque´´

Una autoridad administrativa que reciba una justa solicitud para realizar un trámite o brindar una información, debe actuar conforme al derecho y las buenas costumbres. Si no fuera competente para responder, no puede rechazar ese derecho de petición, sino que debe remitirlo a la autoridad administrativa que sí tenga competencia para dar respuesta a la petición.

Dos de los derechos esenciales de la persona humana, consagrados en nuestra legislación y en otros textos normativos como lo son la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, son los denominados derechos de petición y de obtención de oportuna y adecuada respuesta, y al debido proceso. En este sentido disponen que toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo.

El funcionario o servidor público de buena conducta será aquel que durante el ejercicio de sus funciones practique cabal y rigurosamente los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, puntualidad, transparencia y pulcritud. El principio de equidad obliga a todo funcionario para actuar, respecto de las personas que demanden o soliciten su servicio, sin ningún tipo de preferencias y sólo en razón del mérito, de acuerdo a la legalidad y motivaciones objetivas con base a la no-discriminación, y sin consideraciones ajenas al fondo del asunto y a la justicia.

Costa Rica ha consagrado en su legislación este derecho de petición y pronta respuesta ante sus instituciones públicas, y da al funcionario aludido 10 días hábiles para responder a la demanda de los peticionarios, refiriéndose al fondo de la misma (y no a asuntos superficiales de la demanda). Es más, aunque los ciudadanos no tuviéramos el “interés legítimo”, según el criterio del funcionario de MIDEPLAN, siempre debería darnos respuesta oportuna y coherente, referida al fondo del asunto y no burlarse de nuestra inteligencia, tal como lo ha hecho don Julio Villafuerte, ignorando que “si la solución no puede darse por motivo de la complejidad de la información solicitada en dicho plazo, la administración está obligada a explicar, dentro de ese mismo término exigido por la Ley, las razones por las cuales no pueda dar cumplimiento  a lo pedido, explicación que deberá ser profusa y detallada, con el objeto de que el petente sea informado del procedimiento que seguirá el otorgamiento de la información…”, según jurisprudencia de la Sala Constitucional.

El día 29 de junio 2016 escribimos un correo electrónico al señor Julio Villafuerte, Director Regional expresando nuestra disconformidad por la elección “a dedo” del funcionario del MINAE Emel Rodríguez, en la Asamblea del 24 de junio en INVENIO, como representante del sector ambiental en el COREDES Chorotega, marginando a todo el movimiento ambiental guanacasteco, que no fue invitado a proponer candidatos. Apelamos dicho nombramiento, le pedimos explicaciones y le sugerimos revertir esa nefasta, calculada y sospechosa decisión, muy negativa para el sector ambiental, por todos los cuestionamientos e irregularidades que tiene dicho funcionario del MINAE. No fue aceptado nuestro alegato por correo electrónico y nos obligó a presentarlo por escrito para darle trámite.

El día 5 de julio nos apersonamos en la oficina de MIDEPLAN con el escrito respectivo, debidamente firmado y guardando la copia con el sello de recibido. Con carta llena de tachones y correcciones fechada del 7 julio pero recibida varios días después en la casa de habitación de don Joaquín Paniagua, MIDEPLAN aduce que “por desconocer la existencia de nuestra Asociación” no dará trámite a nuestra petición…y que la va a desestimar 5 días después por no contestarle con datos oficiales de nuestra Asociación. Mientras “por debajo de la mesa” don Julio Villafuerte le pasa copia de nuestra denuncia a su amigo del MINAE Emel Rodríguez, quien a su vez llama por teléfono a nuestro anciano presidente Joaquín Paniagua, recién operado y convaleciente en cama, para ofenderlo y amenazarlo con una denuncia penal, por las manifestaciones en la carta de nuestra Asociación.

Indignados por el accionar de MIDEPLAN nos apersonamos hoy 28 de julio a la oficina regional de la Defensoría de los Habitantes por la fragante VIOLACIÓN A NUESTROS DERECHOS CIUDADANOS por parte de MIDEPLAN, que ha ridiculizado nuestro DERECHO DE INFORMACIÓN Y NUESTRA PETICIÓN DE PRONTA RESOLUCIÓN, con una respuesta inapropiada, a destiempo, y de forma inadecuada, inoportuna e irrespetuosa, contrario a lo planteado debidamente por ciudadanos honorables, organizados en una Asociación Ambientalista que hace más de un mes presentamos ante el Registro de Asociaciones nuestros estatutos con los libros respectivos y estamos esperando en estos días la resolución positiva, situación que es irrelevante para ejercer nuestros derechos, según la Constitución Política, pero fundamental en la mente del Director Regional de MIDEPLAN, con tal de proteger al cuestionado funcionario Emel Rodríguez del MINAE.

Aunque claramente el artículo 27 de nuestra Constitución Política apunta que “se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”, dicho funcionario de MIDEPLAN nos ignora, se burla de nuestra Asociación, se confabula con el funcionario cuestionado del MINAE y ofende nuestra inteligencia, al no referirse para nada al asunto de fondo que le solicitamos y viola en todos los términos señalados nuestro derecho constitucional de petición y pronta resolución, para mantener en el COREDES a su amigo y cuestionado funcionario del MINAE. Con este escrito planteamos un RECURSO DE APELACIÓN a esta parcializada decisión de MIDEPLAN y estamos a las puertas de un RECURSO DE AMPARO. “Don Julio, los costarricenses no necesitamos estar inscritos ante el Registro de Asociación para poder ejercer nuestros derechos como ciudadanos y qué pena que usted piense lo contrario”.

Firmamos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación en Carrillo, Guanacaste, el día 28 de julio de 2016.

Presidente: Joaquín Paniagua Rodríguez, ced. 5-110-374

Secretario: Ronal Vargas Araya, ced. 2-424-362

Fiscal: Edgar Cantón Pizarro, ced. 5-175-046

NOTIFICACIONES a nuestro correo electrónico asociacionriotempisque@gmail.com  y al del licenciado Wilberth Villavicencio en Carrillo,  villavicencioabogado@gmail.com Tel: 2680-0714, Fax: 2680-4416

CC/ Olga Marta Sánchez Oviedo, MIDEPLAN      olga.sanchez@mideplan.go.cr                                                  – Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano m.solano@dhr.go.cr                                          – Sra. Marta Villegas, presidenta COREDES Chorotega dinadecoliberia@hotmail.com

ANEXO:

Alguna jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la libertad de petición y el derecho a obtener pronta resolución, consagrados en el artículo 27 de la Constitución Política.

ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.

“Cuando la administración inicia una investigación administrativa relacionada con la prestación de un servicio, el particular, aún cuando haya denunciado la irregularidad, no se convierte, por esa sola circunstancia, en parte en ese procedimiento, motivo por el cual, los resultados de la investigación no deben serle notificados de oficio………. la administración debe dar respuesta, en forma célera, a todas las peticiones de los administrados indicándoles, si es del caso, cuáles son los motivos  por los que  la misma no puede serle suministrada dentro de los plazos legalmente establecidos, pero; contestándole siempre las gestiones que realicen.” Sentencia 451-94

“No se requiere de interés legítimo para ejercer el derecho de petición, que consagra el artículo 27 de la Constitución Política, ni es tampoco, tal interés, requisito para obtener respuesta.  Más específicamente, una persona puede plantear sus solicitudes ante el Estado, sin necesidad de ese interés, y tiene el derecho de recibir la respuesta que jurídicamente corresponda.” Sentencia 740-95

“El derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta resolución; pero esto último no necesariamente significa una contestación favorable. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, lo que se garantiza, aún cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la Administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos.” Sentencia 12425-01

“El derecho de petición y pronta respuesta, cobijado en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, a falta de que no se hubiere señalado otro plazo para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto, en cuyo caso la Administración siempre está obligada a comunicarle al petente las causas de la demora en pronunciarse. En todo caso, el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado.” Sentencia 8155-08

“El derecho establecido en el artículo 27 de la  Constitución Política hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse, por escrito, a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés; esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta resolución, pero esto último no significa una contestación favorable; en otras palabras, lo que se garantiza es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, aún cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. De manera que, la vía de  petición permite plantear a la Administración lo que no se puede obtener por vía de recurso ante ella, siempre y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia reglada.” Sentencia 6982-09

“Reclama el recurrente que el Ministro accionado no respondió adecuadamente la petición que le remitió por correo electrónico el seis de octubre del presente año. No obstante, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 285 de la Ley General de la Administración Pública se establece que: “La petición de la parte deberá contener: a) Indicación de la oficina a que se dirige; b) Nombre y apellidos, residencia y lugar para notificaciones de la parte y de quien la representa; c) La pretensión, con indicación de los daños y perjuicios que se reclamen, y de su estimación, origen y naturaleza; d) Los motivos o fundamentos de hecho; y e) Fecha y firma. 2. La ausencia de los requisitos indicados en los numerales b) y c) obligará al rechazo y archivo de la petición, salvo que se puedan inferir claramente del escrito o de los documentos anexos. 3. La falta de firma producirá necesariamente el rechazo y archivo de la petición”. De lo anterior, la Sala concluye que la solicitud presentada, al haber sido remitida por medio del correo electrónico, carece de las formalidades mínimas que la ley establece.” Sentencias 13502-0818465-094263-12

“…Sin embargo al igual que la gestión se planteó por escrito, su resolución debe serlo de la misma manera y notificada dentro del plazo establecido. Este derecho exige   al funcionario público una acción positiva  y clara ante la petición de un ciudadano, lo cual deberá darse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 mencionado; sin embargo, si la solución no puede darse por motivo de la complejidad de la información solicitada en dicho plazo, la administración está obligada a explicar, dentro de ese mismo término exigido por la Ley, las razones por las cuales no pueda dar cumplimiento  a lo pedido, explicación que deberá ser profusa y detallada, con el objeto de que el petente sea informado del procedimiento que seguirá el otorgamiento de la información…” Sentencia 1806-12

“…El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. Las peticiones puras y simples de información, donde el administrado únicamente lo que gestiona son datos de su interés que no conllevan un trámite complejo a fin de otorgar la respuesta, normalmente están regidas por lo que dispone el artículo 32 dela Ley de Jurisdicción Constitucional, en donde se estipula que la respuesta deberá darse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición…” Sentencia 6014-2012

“No lleva razón el recurrente en sus alegatos, pues la solicitud de audiencia ante un funcionario y órgano público para tratar determinados  temas ±como en este caso-  no se ajusta al contenido  del derecho de petición regulado por ese artículo, de modo que el hecho de que no se le haya indicado al amparado nada sobre la audiencia solicitada no constituye una violación al citado artículo de la Constitución Política. Debe tener presente  el recurrente que la solicitud planteada en ese sentido no es el ejercicio del derecho de petición, y aún menos del derecho a una justicia pronta y cumplida, sino una simple solicitud ser atendido por las autoridades públicas, audiencia que, en todo caso, se determinará de acuerdo con las posibilidades y actividades que tenga la autoridad recurrida.” Sentencia 17042-11

 “Al respecto, es menester señalar que si bien en un sinnúmero de pronunciamientos, esta Sala ha dicho que si, por alguna razón atendible, la Administración está imposibilitada de resolver las gestiones que se someten a su conocimiento dentro del plazo establecido al efecto, debe, al menos, poner ello en conocimiento del interesado e indicarle el trámite que se le ha dado a aquéllas y la fecha probable en que le serán resueltas, lo que parcialmente se ha realizado en atención a la gestión del amparado, ese proceder no es aceptable en el caso concreto. Ello se considera así debido a que lo solicitado por el recurrente es copia certificada de los registros de asistencia de siete días de la carrera de Dirección de Empresas, seis del año pasado y uno del primer cuatrimestre de este año, lo que es evidente no constituye una información voluminosa, la cual, aunque no esté digitalizada no presupone dificultad extrema, como pareciera estimarlo la autoridad administrativa recurrida, ya que es muy concreto lo que se demanda, y además, de fecha, relativamente, reciente. Aparte de que no puede cargar el ciudadano con las deficiencias de las oficinas administrativas, y menos aún si ello va en detrimento de sus derechos fundamentales, por lo que la problemática apuntada por el recurrido, no puede ser justificación para no entregar la información requerida en un plazo concreto y por los menos, razonable.” Sentencia 10268-11

“…Esta Sala ha sido enfática en declarar que la Administración tiene la obligación de recibir las diversas gestiones que los administrados les presenten, sin rechazarlas jamás ad portas, como también de responder en tiempo lo que en derecho corresponda. La funcionaria accionado acepta en su informe que para la fecha en que se intentó presentar la denuncia que se  acusa, en la Fiscalía tenían como buena práctica que “…a todos los usuarios que iban a ese despacho a interponer denuncias, eran atendidos personalmente por un fiscal, quien los entrevista y revisa la denuncia que se presenta, pero si la denuncia no es típica, está incompleta o no se entiende, se le explica los  motivos  por  los  que  no  se recibe,  para  que  se  dirijan  a  presentarla  donde corresponde,  la completen o la aclaren…”. A juicio de este Tribunal, lo actuado, no es ni más ni menos que una violación a lo dispuesto en los numerales 27 y 41 de la Constitución Política, toda vez que, los funcionarios públicos y entidades oficiales tienen la obligación de recibir toda gestión  y darle una respuesta…”

Diario Digital El Independiente. Edgar Cantón

 

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